Un sistema eficiente haría que se incremente en 1% el PBI anualmente
Una de las grandes reformas; pendientes es definitivamente la del Sistema de administración de justicia. Para ello en el actual gobierno se creó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de justicia (CERIAJUS), que a mediados del 2004 concluyó sus funciones proponiendo un conjunto de acciones que deberían implementarse a través de leyes, que lamentablemente en el Congreso no han sido promulgadas.
En el Perú, entre los años 2003 y 2004 se llevó a cabo el notable esfuerzo del la CERIAJUS , que ha hecho propuestas concretas para llevara cabo una reforma integral del sistema de justicia en nuestro país, propuestas que se encuentran paralizadas en el Congreso, negándole al país la justicia y bienestar económico al que tienen derecho sus ciudadanos.
Este esfuerzo refleja que la ineficiencia de la administración de justicia en el Perú es una reconocida debilidad estratégica. Por eso se plantea la necesidad de "la reforma del sistema judicial" pero ahí queda, faltando las decisiones firmes para pasar a la acción. Detrás de esta falta de acción efectiva para corregir las grandes deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia probablemente esté el desconocimiento de lo que estas deficiencias limitan el crecimiento de la economía.
Existen estudios que dimensionan el perjuicio económico ocasionado por una deficiente administración de justicia. En esencia, todos ellos coinciden en estimar que la implantación de un sistema eficiente de administración de justicia puede hacer crecer el PB1 del Perú en un punto porcentual anual, lo que situándonos en el año pasado, si tuviéramos un sistema judicial eficiente la economía habría llegado a crecer en 8%.
El porque la función del sistema judicial es dar garantías para que las persones natural y jurídica puedan conducir sus actividades con un mínimo de riesgo. Es decir, el sistema judicial tiene que ayudar a crear confianza. Cuando el sistema judicial no funciona, no da garantías.
Si no existe confianza, los inversionistas grandes, medianos, pequeños y micro se inhiben de tomar riesgos y de hacer inversiones, limitando sus actividades a las indispensables para subsistir. Esto es particularmente dramático en el caso de las PYMES y las Microempresas en el Perú dado que representan el 42% del PBI y aun 76% de la fuerza laboral.
Una vez más el próximo gobierno tiene la oportunidad, además de la responsabilidad, de implementar un plan de acción trabajado con una visión integral como la propuesta por la CERIAJUS.
Se conoce lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Sólo falta la decisión para acometer la reforma. Es, por tanto, una necesidad moral, ética y económicamente imperiosa que la sociedad en su conjunto recoja este desafío para que de una buena vez "culminemos la Reforma dé la Administración de justicia".
Una de las grandes reformas; pendientes es definitivamente la del Sistema de administración de justicia. Para ello en el actual gobierno se creó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de justicia (CERIAJUS), que a mediados del 2004 concluyó sus funciones proponiendo un conjunto de acciones que deberían implementarse a través de leyes, que lamentablemente en el Congreso no han sido promulgadas.
En el Perú, entre los años 2003 y 2004 se llevó a cabo el notable esfuerzo del la CERIAJUS , que ha hecho propuestas concretas para llevara cabo una reforma integral del sistema de justicia en nuestro país, propuestas que se encuentran paralizadas en el Congreso, negándole al país la justicia y bienestar económico al que tienen derecho sus ciudadanos.
Este esfuerzo refleja que la ineficiencia de la administración de justicia en el Perú es una reconocida debilidad estratégica. Por eso se plantea la necesidad de "la reforma del sistema judicial" pero ahí queda, faltando las decisiones firmes para pasar a la acción. Detrás de esta falta de acción efectiva para corregir las grandes deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia probablemente esté el desconocimiento de lo que estas deficiencias limitan el crecimiento de la economía.
Existen estudios que dimensionan el perjuicio económico ocasionado por una deficiente administración de justicia. En esencia, todos ellos coinciden en estimar que la implantación de un sistema eficiente de administración de justicia puede hacer crecer el PB1 del Perú en un punto porcentual anual, lo que situándonos en el año pasado, si tuviéramos un sistema judicial eficiente la economía habría llegado a crecer en 8%.
El porque la función del sistema judicial es dar garantías para que las persones natural y jurídica puedan conducir sus actividades con un mínimo de riesgo. Es decir, el sistema judicial tiene que ayudar a crear confianza. Cuando el sistema judicial no funciona, no da garantías.
Si no existe confianza, los inversionistas grandes, medianos, pequeños y micro se inhiben de tomar riesgos y de hacer inversiones, limitando sus actividades a las indispensables para subsistir. Esto es particularmente dramático en el caso de las PYMES y las Microempresas en el Perú dado que representan el 42% del PBI y aun 76% de la fuerza laboral.
Una vez más el próximo gobierno tiene la oportunidad, además de la responsabilidad, de implementar un plan de acción trabajado con una visión integral como la propuesta por la CERIAJUS.
Se conoce lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Sólo falta la decisión para acometer la reforma. Es, por tanto, una necesidad moral, ética y económicamente imperiosa que la sociedad en su conjunto recoja este desafío para que de una buena vez "culminemos la Reforma dé la Administración de justicia".
La ineficiencia judicial
En un estudio realizado por él Banco Mundial se demuestra que las empresas en el Perú operan en un ambiente en el que las condiciones económicas no son óptimas. Así es que se ven forzados a tomar decisiones empresariales a finde mitigar los riesgos derivados de la ausencia de un sistema judicial eficientes predecible. Por un lado, la ineficiencia judicial aumenta los costos de transacción y reduce el espectro de transacciones posibles—limitándolo sólo aquellas de bajo riesgo. Por otro lado, la baja probabilidad de ser sancionado por la justicia alienta a las partes a no cumplir con sus contraprestaciones ya que el costo de no cumplir es mucho mas bajo.
Ante la falta de una institución que cumpla con eficiencia la tarea de hacer respetar los contratos, y consecuentemente castigar a aquellos que no cumplen con lo pactado, los empresarios se ven forzados a adoptar distintas medidas a fin de mitigar el riesgo de incumplimiento. En síntesis, los empresarios enfrentan dos tipos de costos: aquellos relacionados directamente al uso del Sistema de justicia y aquellos derivados de operar en un entorno institucional deficiente debido a la ineficiencia judicial.
En el referido estudio se puede estimar que los costos de uso del sistema de justicia, pueden ser, dependiendo del monto de la deuda y el tipo de proceso, entre el 25% y 60% de la deuda considerando los costos oficiales y no oficiales.
Adicionalmente. El número de transacciones se restringe debido a que las empresas para disminuir el riesgo, toman diversas decisiones como las de realizar negocios mayoritariamente con clientes y proveedores conocidos; restringir las modalidades de crédito al máximo; realizar transacciones sólo con empresas de similar tamaño; se abstienen de realizar negocios con el sector público, no cambiar de proveedores y tientes aunque ello implique, por ejemplo, obtener insumes a menor costo.
Conclusiones
Lo planteado por la CERIAJUS es importante porque en primer lugar concibe a la administración de justicia como sistema, es integral, abordando todas las áreas de la reforma y tiene una visión sistémica del proceso de reforma. En segundo lugar, participaron todas las instituciones de la administra de justicia, el Congreso y la sociedad civil .
El no resolver definitivamente problema de la debilidad de la administración de justicia, que es una responsabilidad compartida de los líderes tanto del sector privado como del estatal, significa que se está restringiendo a los ciudadanos de oportunidades sustanciales para mejorar su calidad de vida, a las empresas su capacidad de crecer generando bienestar y empleo y aún al Estado los impuestos que requiere para atender a los ciudadanos.
No debemos olvidar que para alcanzar un desarrollo estable y sostenible, el estado tiene que centrar su atención en los factores sociales fundamentales. La ilegalidad a menudo tiene su origen en la marginación en realidad, los desheredados pueden llegar a convencerse de que la vulneración de la ley es la única forma de hacerse escuchar Las políticas públicas pueden asegurar que el crecimiento sea compartido períodos y contribuya a reducir la pobreza y la desigualdad, pero sólo si los Gobiernos atribuyen una elevada prioridad los factores sociales fundamentales.
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